2015/ Marzo/ Editorial/ EconoticiaS/

Es ampliamente conocido que toda obra que se vaya a ejecutar con recursos públicos requiere de unos estudios previos de diversa naturaleza para presuntamente evitar errores y fallas que terminen convirtiendo las mismas en elefantes blancos o en monumentos a la desidia y la corrupción, es decir, para garantizar la ejecución correcta, conveniente y planificada de las mismas.


Es de ley realizar estos estudios, de obligatorio cumplimiento, mejor dicho sin ellos no se puede legalmente ejecutar ninguna obra importante en nuestro país.

Pero son muchísimos “los estudios” de todo tipo que hoy reposan en los anaqueles de los departamentos, municipios y la nación, que solo han servido para pagar favores políticos y en muchísimos casos como una forma “legal” de apropiarse de los recursos públicos. No existen una tabla de tarifas para medir los precios de un estudio, de la naturaleza que sea y tampoco se investiga la conveniencia o no de la realización de los mismos y los más grave es que van desde unos cuantos hasta miles y miles de millones de pesos y no en pocas oportunidades de nada sirven, o porque pasa el tiempo y nunca son utilizados o porque se construyen las obras y luego se derrumban o se caen a pesar de los estudios.

Se afirma por ejemplo que pese a la normatividad existente la pavimentación de la vía Tuluá-San Rafael, se deterioró antes de ser entregada oficialmente por que no se realizaron los estudios de impacto ambiental y de taludes, la Curva de los Godos, a pesar del pago de dos estudios colapso y se perdieron literalmente hablando 513 millones de pesos.

Pero también es cierto que en Tuluá existen varios estudios del Plan de Movilidad para la ciudad, que de nada nos han servido, por solo citar algunos de los tantos ejemplos en nuestro departamento.

Nuestra preocupación entonces es la realización de estudios a costos millonarios sin la certeza de la existencia u obtención de los recursos y que cuando más bien nos va con ellos, en los años venideros hay que pagar una cifra igual o superior a la de su costo inicial para su actualización.

Hoy hay dos estudios que como medio de comunicación nos preocupan enormemente, el primero, el de los estudios y diseños para la rehabilitación de la vía Tuluá, Riofrío, Trujillo, y entre Riofrío y los corregimientos de Salónica y Fenicia por un valor de 808 millones de pesos y que fue liquidado y debidamente pagado el 17 de mayo de 2014, sin que a la fecha se haya dado inicio a la obra. El otro estudio es de la vía que en el municipio de Tuluá comunica los corregimientos de San Rafael y Barragán, estudio en ejecución, que será entregado al municipio según los plazos del contrato en el mes de abril y que tiene un costo de 560 millones de pesos. En el primero de los casos el propio Gobernador y su Secretario de Hábitat e Infraestructura en rueda de prensa nos manifestaron que los recursos estaban asegurados (58 mil millones de pesos) y que en el mes de enero se sacaba a licitación esta obra, pese a que en la Asamblea del Departamento se había afirmado ya que en enero estaría dándose inicio a la obra e incluso se afirmó que con tres frentes de trabajo. ¿Cómo iniciar en enero sin ni siquiera licitar la obra? Hoy no nos han informado quien ganó la licitación, si ya se hizo, y tampoco cuando de verdad arranca esta obra. Gobernador le quedan 9 meses.

En el caso del vía San Rafael-Barragán, nos preocupa el corto tiempo que le queda al señor alcalde José German Gómez y a su equipo de gobierno, para presentar el proyecto, buscar su aprobación y evitar asi que estos 560 millones de pesos, que costó la tercera fase de estos estudios se vayan a parar a algunos de los anaqueles del Gobierno Nacional y de nuestro municipio ya que en la administración de Angelino Garzón se realizaron los estudios topográficos y en esta del gobernador Ubeimar Delgado, se realizó la fase dos con los profesionales de la Secretaria de Infraestructura del Departamento. El llamado es entonces a hacer frente común para exigirle al próximo alcalde o alcaldesa, que se comprometa con darle buen uso a estos estudios en el hipotético caso que en esta administración no se logre la aprobación del proyecto, e igualmente exigirle de manera respetuosa pero decidida al senor Presidente que nos cumpla su compromiso de campana.

La lentitud paquidérmica de los procesos en lo público nos ha llevado no pocas veces en concurso con la ineficiencia administrativa y la corrupción a ver perdidas las millonarias inversiones realizadas en los ya famosos estudios, de los estudios, del estudio. Como dice sabiamente el alcalde José German Gómez García. Bienvenidos a lo público.

Amigos lectores se han preguntado alguna vez ¿cuántos recursos han despilfarrado los entes territoriales, los institutos descentralizados, las corporaciones ambientales regionales, en estudios, diagnósticos, censos, caracterizaciones y otros relacionados?, mientras las necesidades de inversión afloran por todos los rincones.

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