Los recursos del sector salud, como todos lo sabemos, se quedan en los bolsillos de dirigentes sin escrúpulos y en las campañas políticas, mientras la red pública sigue agonizando pero que gracias a la terquedad y tenacidad de algunos funcionarios se niega a fallecer.
2015/ Edición Agosto/ Salud
Para entender y detallar nuestras problemáticas en el sistema actual de salud, surgen preguntas como: ¿por qué me demoran en la atención en un servicio de
urgencias? ¿Si yo pago por qué no me atienden? ¿Por qué no contratan más
médicos? ¿Por qué tengo que amanecer en una silla sobre un pasillo?, pues bien;
preguntas como estas son a diario las que deben responder los diferentes
funcionarios de las IPS, pero la campaña de educación hacia los usuarios quizás
no ha sido la más asertiva ni la más agresiva, los colapsos de los servicios de
urgencias son el resultados del desconocimiento y la mala interpretación no
solo de las normas, sino también de cómo opera el sistema de salud en nuestro
país y de quien es la responsabilidad de cada atención.
En
nuestra región como en el resto del país se dio la necesidad de clasificar las
urgencias. Estas se clasifican en triage uno: que son aquellas en donde el
cuadro clínico compromete de manera inminente la vida del paciente. Triage dos:
aquellas que aún no han comprometido la vida del paciente, pero que muy
probablemente la comprometa al término de poco tiempo. Triage tres: las que
ameritan un diagnóstico, un tratamiento corto y que puede ser tratado por la
consulta externa. Triage cuatro y cinco: las que definitivamente deben ser
tratadas en las siguientes 72 horas por consulta externa.
Para
contextualizar nuestro entorno es importante precisar que en nuestro municipio
contamos con 6 IPS y cada una cumple con la tarea según su complejidad o nivel,
y que es la Clínica San Francisco quien tiene el mayor nivel de complejidad
desde el municipio de Cartago hasta la ciudad de Buga, es decir, centro y norte
del valle, por este motivo, por principio Constitucional, por ley 100 y ley
estatutaria, están obligados atender todas las urgencias vitales, es decir
aquellas que comprometen la vida del paciente de este sector del departamento.
El
sistema de salud en nuestro país está diseñado para que cada entidad cumpla una
tarea, las EPS cubran todo lo que es consulta externa, es decir, que las citas
de control, prorrogas de incapacidad y todos aquellos eventos de salud que se
puedan prever sean atendidos por estas entidades, sin embargo, el facilismo de
algunos funcionarios de las EPS y la poca humanización de los servicios hace
que cuando se pida una cita en la eps no halla agenda o simplemente nos la den
para la semana siguiente, pero cuando somos insistentes en la urgencia de la
cita tan solo nos envíen para las salas de urgencias, el promedio de atención
en una sala de urgencias puede oscilar entre 110 y 140 pacientes diarios, de
los cuales el 45% son triage cuatro y cinco, el 30 % triage tres y un 25% son
triage dos y uno.
El
objetivo y finalidad de una clínica de nivel tres se ha perdido, pues está
ocupada atendiendo prorrogas de incapacidades, uñas enterradas y dolores
generales que padecen desde hace meses, pero que, o nunca obtuvieron una cita
médica en consulta externa o simplemente jamás la pidieron “porque si no me
aguanto el dolor, voy por urgencias”. Se hace necesario un plan de choque
urgente, un compromiso de las autoridades departamentales y que se conozca la
tarea real de la Secretaria de Salud del municipio y departamento donde se
convoque a mesas de trabajo reuniendo a todas aquellas entidades que tienen que
ver con el tema para entregar tareas concretas que beneficien al usuario, el
fortalecimiento de la red pública de baja y media complejidad para así aumentar
la capacidad de atención oportuna, educar a los usuarios de quien tiene cada
responsabilidad para que sean ellos los que exijan de manera adecuada su
atención y no con agresiones verbales y hasta físicas con los funcionarios de
las IPS.
La
secretaria de Salud Municipal para llenar y cumplir los compromisos políticos
vinculan a gran cantidad de cuotas burocráticas para que revisen diferentes
temas superficiales y que además desconocen el sistema de salud, éstos funcionarios
que podrían ser calificados y capacitados para hacer la tarea de educación al
paciente, que desde el Concejo Municipal y Asamblea Departamental se haga en
realidad el control a este tema pero en conjunto y no cada entidad por
separado, pues como es lógico, cada una salvara su pellejo y no se tendrá una
solución que nos beneficie.
Los
recursos del sector salud, como todos lo sabemos, se quedan en los bolsillos de
dirigentes sin escrúpulos y en las campañas políticas, mientras la red pública
sigue agonizando pero que gracias a la terquedad y tenacidad de algunos
funcionarios se niega a fallecer. La población sigue en aumento y aun no vemos
políticas claras al respecto y jocosamente anuncian unos aportes de 1.5
billones de pesos cuando las EPS deben 12 billones de pesos a las IPS, es
irrisoria esta inyección económica al sector salud.
Las
autoridades municipales y departamentales no se dignan a mirar la problemática
de este asunto, pues se darían cuenta muy rápidamente que son ellos gran parte
del problema, que al día de hoy se pierde el control de los usuarios cansados
de los abusos, pero que gracias a su desconocimiento terminan exigiendo de
forma equivocada y en el lugar menos indicado sus derechos como paciente. Para
darse cuenta de esto solo basta darle un vistazo rápido a la tan mencionada ley
estatutaria, que de manera superficial y sin mayor definición nos hace creer
que nos suprime documentos y cargas administrativas para acceder a la salud,
pero les aumentaron los requisitos para pago de cuentas a las EPS.
Se
hace necesario educar a los usuarios para que exijan adecuadamente sus derechos
fundamentales, que cada entidad cumpla con su objetivo y obligación para con el
paciente. Somos un sistema que exige estar concatenado y articulado pero que
cada uno cumpla con su deber.
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