2014/ Noviembre/ EconoticiaS/ Por: Harold Ordoñez/
Las recientes manifestaciones de inconformidad social así como el reencauche de la nunca abandona estrategia de terror paramilitar en todo el país ponen de manifiesto la insuficiencia de los acuerdos a que puedan llegar el gobierno y las organizaciones insurgentes para materializar una paz “estable y duradera”.
En efecto, manifestaciones como el paro de transportadores en Cali que cobró la vida de un trabajador a manos del ESMAD, el paro de la rama judicial en todo el país, los bloqueos espontáneos de los bogotanos al sistema de Transmilenio entre otras, que se suman al cumulo de manifestaciones que desde el 2010
explotan a lo largo y ancho del país de tanto en tanto alcanzando un punto
importante en el 2013 con el Paro Nacional Agrario y las expresiones solidarias
de los sectores populares en las principales ciudades, indican que la sociedad
colombiana está lejos de llegar a un escenario de “pos-conflicto” como lo
llaman las clases dominantes, pues la conflictividad social en Colombia no sólo
se expresa mediante la lucha armada adelantada por las guerrillas desde hace
décadas, sino que su diversidad de expresiones es directamente proporcional a
las causas que la originan.
Además,
las recientes amenazas a los defensores de DDHH en todo el país por parte de
los Rastrojos, el asesinato de algunos de los líderes del reciente Paro contra
la Corrupción en el Pacífico, y la continuidad del asesinato contra los
dirigentes de la Marcha Patriótica dejan en evidencia que el Terrorismo de
Estado y su marca más conocida, el
paramilitarismo, sigue vigente como estrategia de las clases dominantes para
contener la rebeldía y espíritu transformador del pueblo colombiano.
Es
claro que un acuerdo definitivo en la Habana será un paso gigantesco hacia la
paz con justicia social, pero también lo es que dicho acuerdo no será la paz
con justicia social. Silenciar los
fusiles ayudará a crear un ambiente diferente en la sociedad, pero esto no
redundará automáticamente en la redistribución de la tierra, en el mejoramiento
de los salarios para los trabajadores o en políticas económicas y sociales de
corte alternativo.
Para
que esto suceda el proceso constituyente en ciernes debe continuar su
maduración hasta que no haya ciudadano del común que no esté enterado del
asunto, y que haya una importante mayoría reapropiada de su carácter como
constituyente primario, para que dejen de verse a las instituciones estatales
como templos sagrados intocables y a
los funcionarios públicos como semidioses irrevocables. Con este sentido del
concepto de “ciudadano” apropiado en muchas personas, con el fortalecimiento de
las organizaciones populares y la continuación de la dinámica movilizadora del
pueblo, los sectores sociales y populares que vienen reclamando cambios
estructurales en la sociedad tendrán la suficiente fuerza para lograr la
realización de la Asamblea Nacional Constituyente, escenario donde se podrán
establecer como normas positivas las exigencias de las clases oprimidas.
Sin
guerra y con un marco jurídico estructuralmente diferente al actual, la
Colombia en paz y con justicia social que anhela el pueblo tendrá las bases
sólidas que necesita para empezar a edificarse. Por tanto, la tarea del campo
popular ahora consiste en defender la mesa de diálogos derrotando a los
enemigos de la paz agrupados en el “uribismo” y consolidar el proceso
constituyente en todo el país.
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