Desde la campaña electoral del hoy alcalde estuvo claro que el tema agrario y las comunidades rurales no tendrían mayor importancia para su gobierno, lo que se reflejó en la inasistencia al foro del CMDR con los candidatos a la alcaldía.
2016/ Edición Marzo
El
pasado 29 de febrero tuvo lugar la primera asamblea del Consejo Municipal de
Desarrollo Rural (CMDR) de Tuluá, que tenía como ingrediente particular el
hecho de ser la primera asamblea con la nueva administración. Este hecho
representaba algo importante, al menos para las comunidades campesinas, tanto
por los cambios internos que normativamente debían surtirse al interior del
Consejo como por ser el primer espacio oficial donde el pleno de los
representantes de las comunidades campesinas y rurales se encontraría con el
nuevo Alcalde Gustavo Vélez (o alcalde del cambio según la propaganda
institucional) para hablar de las perspectivas del Desarrollo Rural en los
próximos cuatro años.
Sorprendentemente
se encontró que la importancia prestada por el Burgomaestre a la “instancia
superior de concertación entre las autoridades locales, las comunidades rurales
y las entidades públicas en materia de desarrollo rural” dista mucho de la dada
por los campesinos, puesto que incluso la mera definición del orden del día fue
motivo de una amplia discusión que dejó ver claramente las diferencias
profundas que hay entre los intereses de las comunidades rurales y los de la
administración. Por más discusión y argumentos que se presentaron, el orden del
día ya estaba diseñado y el sometimiento a consideración de la asamblea fue un
mero cliché democrático como para guardar las apariencias, puesto que ninguna
de las propuestas de fondo hechas por los delegados para modificarlo se aprobó,
con el argumento de que supuestamente ya se había concertado con el comité
técnico. En este sentido la administración del “cambio” no ha cambiado nada.
Se
le podría abonar al Alcalde la molestia que se tomó en su discurso de
instalación de referirse a algunos de los puntos de una de las propuestas
presentadas para la jornada del día; la propuesta de la Coordinación Campesina
del Valle del Cauca. Sin embargo, los desaciertos que inundaron dicho discurso
empañaron el mérito al punto de convertirlo en una muy mala decisión; mejor
se hubiese evitado la molestia. Para
conocimiento de la opinión pública y los medios de comunicación, que
extrañamente y salvo algunas excepciones brillaron por su ausencia, entregamos
estas notas críticas a propósito de dicho discurso.
Primer desacierto: “al CMDR va el que
se le da la gana” (los lectores excusan la insolencia pero son las propias
palabras del señor Alcalde de Tuluá). Esta afirmación fue lanzada por el ilustre
alcalde al referirse a la propuesta de la Coordinación Campesina de que la
administración no sólo debe financiar los gastos de las asambleas del CMDR sino
también los de las reuniones de los comités de trabajo, sobre la cual planteó
no estar de acuerdo y aseguró que no existe ninguna disposición legal que lo
obligue a asumir dichos costos. Quienes tienen un mínimo conocimiento acerca de
los asuntos rurales saben que al CMDR no va “al que se le dé la gana” sino que
van los delegados por las comunidades elegidos en las asambleas de las JAC de
los corregimientos, así como los delegados por las asociaciones campesinas y
los gremios del sector, todos los cuales deben sustentar su delegación con
documentos formales que reciben las secretarias de agricultura o quienes hagan
sus veces, o como lo reglamente el respectivo concejo municipal (art. 64 de la
Ley 101/93); así mismo, en Tuluá se sabe que el Concejo Municipal acordó
mediante acuerdo 013 de 2010 en su artículo tercero que el municipio incluirá
una partida del presupuesto de la SEDAMA para cubrir los gastos de los delegados
al CMDR. Además, en un Estado que se ufana de ser democrático, brindar las
garantías mínimas para la participación de los ciudadanos ni siquiera debería
ser motivo de discusión.
Segundo desacierto: sobre la propuesta de invitar a los delegados de la
CUT, FENSUAGRO, las mujeres y las víctimas a la asamblea del CMDR como lo
ordena el decreto 1987 de 2013 del Ministerio de Agricultura en los numerales
5, 6 y 7 de su artículo 6°, de nuevo el Alcalde hizo gala de su desconocimiento
sobre la normatividad que rige este espacio, pero además dejó claro que
desconoce totalmente la dinámica y la conformación del movimiento social del
municipio que gobierna, pues señaló que no hay normas que dispongan eso y que
“para qué invitar a esa gente si ni siquiera entre nosotros nos hemos podido
poner de acuerdo”, como si dichos procesos y/o sectores fueran ajenos al
municipio y a la dinámica rural.
Tercer desacierto: según el Alcalde no
es función de la alcaldía ni del CMDR presentar solicitudes al Gobierno Nacional
para constituir Zonas de Reserva Campesina, pero para ser más claros, señaló
con marcado acento que no está comprometido con la constitución de zonas de
reserva campesina y no fue propuesta de su plan de gobierno. De acuerdo con el
Acuerdo No. 024 de 1996 del INCODER en su artículo 4° numeral 3, la iniciación
de la actuación administrativa del INCODER para la constitución de las zonas de
reserva campesina se hará a solicitud de los gobernadores o alcaldes de la
respectiva región. Además, en el mismo acuerdo 013 de 2010 del Concejo
Municipal ya citado, se señala que el CMDR propondrá al INCODER las áreas
susceptibles de ser declaradas zonas de reserva campesina; y por ley el Alcalde
es quien preside el CMDR.
Cuarto desacierto: luego de las
desatinadas referencias sobre algunos puntos de las propuestas de la
Coordinación Campesina que dejaron claro que no sabía de qué estaba hablando,
el Alcalde presentó un discurso que por su generalidad parecía más un discurso
de candidato en campaña y que, por su falta de precisión respecto al asunto
concreto que convoca al consejo que es el desarrollo rural, ratificó que la
nueva administración no trae ningún cambio para el sector. No hubo ninguna
referencia a la colosal informalidad de la tenencia de la tierra en la zona
rural de Tuluá que limita enormemente las posibilidades de los pequeños y
medianos productores para mejorar su situación, ni a la falta de programas que
incentiven ciertamente la producción local de alimentos, ni qué decir de la
extremada concentración y subutilización de la tierra o por lo menos del tema
de la soberanía alimentaria del municipio; nada de nada, ni tan siquiera un
reconocimiento de los graves efectos que el calentamiento global está causando
sobre los cultivos y la necesidad de programas para mitigar dicho impacto y
apoyar a los productores afectados. La propuesta más concreta que se le pudo
escuchar en ese auditorio de campesinas y campesinos trabajadores de la tierra
y productores de alimentos, fue que va a trabajar por incentivar el ecoturismo,
y que hará lo máximo posible para que los niños y niñas del campo tenga
cuadernos.
Ciertamente
desde la campaña electoral del hoy alcalde estuvo claro que el tema agrario y
las comunidades rurales no tendrían mayor importancia para su gobierno, lo que
se reflejó en la inasistencia al foro del CMDR con los candidatos a la alcaldía
y se ratifica con los míseros 1057 millones de pesos (alrededor de 330 mil dólares)
de presupuesto anual para el sector, pero esto no explica ni mucho menos justifica
la actitud hacia el CMDR y sus delegados. Seguramente las comunidades rurales
sabrán hacer percatar al alcalde de la importancia del sector.
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1
Consejo Municipal de Desarrollo Rural. Artículo 61 de la Ley 101 de1993. Ley
general de desarrollo agropecuario y pesquero. Congreso de la República.
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