Conversando en medio de la guerra para romper los diálogos de paz

2014/ Diciembre/ EconoticiaS/ Por: Alexander Escobar/

Aún quedan interrogantes sobre las verdaderas razones que llevaron al general Rubén Darío Alzate a viajar por los ríos del Chocó sin protección alguna, una pilatuna que le significó quedar en manos del enemigo y las posteriores recriminaciones del Gobierno que terminaron provocando su renuncia. Sin embargo, si por un lado este episodio nos llena de dudas y suspicacias, desde otro punto de vista nos aclara el porqué de la negativa del Gobierno de firmar un cese bilateral al fuego.

Momentos de la liberación del General Alzate

Conservar alguna excusa para romper los diálogos con las FARC es una estrategia del Gobierno para evadir responsabilidades. En la medida que la mesa de paz avanza en La Habana, cada vez es más evidente el carácter injusto de las políticas gubernamentales y los cambios profundos que requiere el Estado para la consecución de la paz con justicia social. Esto último, “justicia social”, es el apellido incómodo que atormenta al presidente Santos, y que a toda costa evita llegue a oídos de los colombianos que todavía piensan que la paz es una simple rendición o  entrega de armas de la insurgencia. Concepción errada, puesto que lo que se busca son garantías para el ejercicio de la política sin el uso de las armas, y cambios en el país que permitan al pueblo colombiano vivir en condiciones de igualdad y justicia para todos.

En este sentido, es la justicia social aquello que da sentido a los diálogos de paz, presentándonos las conversaciones entre Gobierno y FARC como lo que realmente son: una oportunidad de poner fin a las injusticias que provocaron los alzamientos armados en el país, causas que hoy por hoy se mantienen y, más grave aún, se profundizan a diario.

Dentro de este contexto se inscribe la negativa del Gobierno para acordar un cese bilateral al fuego como estrategia que aprovecha el calor de la guerra para justificar el rompimiento de los diálogos. A Santos y las élites que lo secundan, incluyendo aquellas que lo critican como el uribismo, les preocupa el involucramiento que la sociedad colombiana adquiere a diario frente a las discusiones sobre la paz, pues son los distintos sectores de la sociedad quienes presionaron para que ambos se sentaran a dialogar, y que hoy continúan trabajando para que la paz sea fruto de la justicia social que va en contravía de los intereses de una clase dirigente que se enriquece de la injusticia y el derramamiento de sangre.

Que Santos en su momento haya decidido frenar los diálogos por la retención del general Alzate a manos de la insurgencia, es tan absurdo como pensar que las FARC llegasen a levantarse de la mesa por considerar que la captura de un jefe guerrillero o un bombardeo a un campamento es una afrenta a los diálogos. Las dinámicas de la guerra implican este tipo de situaciones que, sin justificación alguna, el Gobierno utiliza para poner en riesgo la voluntad del pueblo colombiano que hoy exige la paz.

No podemos olvidar que frenar la guerra es también, y ante todo, una cuestión humanitaria. Algo que para al Gobierno no tiene importancia porque, como hemos visto, la muerte de cientos de soldados son solo cifras que se olvidan cada vez que un jefe guerrillero es dado de baja. De este modo la sangre derramada del pueblo colombiano es sacrificada para sostener la imagen de un Presidente que ante el televisor vende la falsa idea de una guerrilla derrotada, pero que ante un revés militar se presenta en rueda de prensa diciendo que se levanta de la mesa de diálogos en La Habana.

La continuidad de la guerra bajo el engaño de acabar con la insurgencia por la vía militar ha sido el distractor, década tras década, y gobierno tras gobierno, de una clase política que legisla para enriquecerse a costa de la crisis social que atraviesa el país. Por fortuna, es algo que el pueblo ya ha entendido. Por eso hoy exige al Gobierno la firma de un cese bilateral al fuego como condición humanitaria y ambiente propicio para que los diálogos de paz tengan mejores condiciones que permitan avanzar hacia el logro de la paz con justicia social, y acabar, de una vez por todas, con las causas que dieron origen al conflicto colombiano.