La edil afirma que
quiere salvar su responsabilidad al dejar esta constancia y advierte que la
mesa directiva y el actual presidente podrían estar prevaricando por una
presunta omisión al no acatar lo ordenado por la Ley 136 del 94 que obliga a
elegir Personero(a) de manera inmediata cuando se presentase una vacancia
absoluta, como efectivamente se da en el municipio de Tuluá desde el 18 de
diciembre, fecha en que fue notificado el Concejo de la destitución de la
personera titular.
Según la tesis
jurídica de la concejal Córdoba no solo la actual mesa directiva sino incluso
la pasada podrían haber incurrido en prevaricato por omisión al no convocar de
manera inmediata al concurso de méritos para la elección de un nuevo
personero(a) como lo ordena la ley. Han transcurrido casi tres meses y aún no
existe un documento o acto administrativo que demuestre que ha sido convocado
este concurso.
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