2014/ Marzo/
EconoticiaS/ Edición 94/ Derechos Humanos/
Las comunidades campesinas y muy especialmente las familias de los capturados recientemente en los sectores de San Rafael, Piedritas Cocorná y Puerto Frazadas, reclaman atención en materia psicológica y psicosocial del Gobierno nacional, departamental y municipal para mitigar el impacto y daño ocasionado especialmente en la población infantil por el despliegue mediático del que fueron objeto los detenidos.
Como es ampliamente
conocido, a estos campesinos se les presentó ante la opinión pública como
terroristas, homicidas, milicianos y colaboradores de la estructura de las
FARC, como reza textualmente en el boletín de la Policía en el Valle del Cauca,
que transcribimos textualmente en uno de sus apartes:
“Estas personas se sindican de
ser los responsables de atentados terroristas realizados en esta zona del
departamento entre los que se cuenta el bloqueo en diciembre pasado a la vía
que comunica de San Rafael a Puerto Frazadas con un camión cargado de
explosivos; la instalación y activación de un campo minado en el que fueron
asesinados dos soldados; el atentado terrorista a la escuela de Puerto Frazadas
en el que resultó herida la personera de Tuluá; la instalación de un vehículo
de servicio público con explosivos en el cruce entre los municipios de Ceilán,
San Rafael y Puerto Frazadas.
Esta acción se llevó a cabo
gracias a un trabajo coordinado de un año de investigaciones que a través de
seguimientos, vigilancia y control telemático y del espectro a líneas
telefónicas arrojaron 50.000 audios en los que se evidencia como coordinaban
acciones terroristas en los municipios del centro del Valle”.
Agrega el comunicado
que “Con la consolidación de esta
operación denominada ‘OPERACIÓN LIBERTAD’, una vez más se demuestra la
efectividad de nuestra Policía y Ejército Nacional, logrando con esto un aporte
significativo a la convivencia y seguridad ciudadana en este sector que sin
duda alguna se reflejara en todo el departamento vallecaucano. Los once
capturados integrantes de las RAT (Red de Apoyo Terrorista) de la compañía
Víctor Saavedra de la Organización Narco Terrorista de las FARC, fueron puestos
a disposición de la autoridad competente por los delitos de concierto para
delinquir agravado con fines terroristas y homicidio.”
Además de las
afirmaciones de las autoridades, algunos medios de comunicación, entregaron la
noticia de que estos ciudadanos habían sido capturados en combate, en una total
y completa desinformación, lo que agravó muchísimo más la situación psicológica
de estas familias.
Las madres, esposas,
hermanos, los hijos y las hijas de las personas capturadas reclaman el derecho
a un debido proceso, a la presunción de inocencia, y al buen nombre y a la no
violación de derechos fundamentales que tanto se pregonan desde las distintas
esferas del Gobierno Nacional.
A esta petición se
han sumado también docentes y comunidad campesina en general que reclaman
atención psicológica para los familiares de los detenidos y muy especialmente
para los niños, pues consideran que sin haber sido juzgados y vencidos en
juicio ya han sido condenados ante sus propios hijos y la sociedad como
asesinos y terroristas, razón por la cual hoy son discriminados y
estigmatizados.
¿De quién es entonces
la responsabilidad de atención a estas víctimas de la violencia que tienen que
soportar nuestros campesinos…? ¿Será que si la justicia determina que hubo un “error
judicial” en el afán de presentar positivos, habrá quién repare el daño
ocasionado a estas familias y a los mismos detenidos que resulten inocentes...?
Mientras encontramos respuesta a estos interrogantes, ¿qué va a pasar con los
hijos e hijas de estos campesinos sindicados de estos delitos…?
Señor Defensor del
Pueblo, señores Personeros y Personeras, señores Defensores de Derechos Humanos,
tienen ustedes la palabra.
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