¿Quién tuvo la culpa?

2014/ Marzo 13/ EconoticiaS/ Por: Norbey Palacio/ Tal como dice la canción, “yo te lo juro que yo no fui”, pareciera ser lo que está pasando en Tuluá con la elección del nuevo personero o personera en propiedad.

Adolfo León Arbelaez, Presidente del Concejo. Foto: EconoticiaS

Así lo hemos difundido ampliamente desde el 18 de diciembre de 2013, cuando el Concejo de Tuluá a través de su Secretario General, el abogado William Peña Sabogal, fue notificado del fallo de segunda instancia de la Procuraduría, que destituyó e inhabilitó por 15 años a la personera Beatriz Eugenia Jiménez Gonzales, produciéndose desde ese mismo instante una vacancia absoluta, sin que a la fecha ni la mesa directiva de ese entonces, ni la actual, hayan adelantado las gestiones de Ley para la elección de un nuevo personero o personera en propiedad por el resto del periodo, tal como lo ordena la Ley y como lo han hecho saber, dejando constancia, dos de los honorables concejales de este municipio, primero Martha Cecilia Córdoba (ver constancia) y luego Marcos Quintero Peña (ver constancia).

Ni el anterior Presidente Olmer Sánchez Duarte, ni el actual Adolfo León Arbeláez, han adelantado el concurso de méritos que ordena la Ley para la elección inmediata del Personero(a) que supla la vacancia absoluta presentada.

En las mencionadas constancias, incluso, los ediles dejan claro que las mesas directivas del Concejo pudieron incurrir en un posible prevaricato o extralimitación de funciones al no cumplir como servidores públicos con el mandato legal.

En un verdadero galimatías se ha convertido entonces esta situación: que si el alcalde, que la anterior mesa directiva, que la actual, que el Consejo de Estado conceptúa una cosa, que el Departamento de la Función Pública otra… y en últimas estamos al borde de cumplir tres meses desde que se produjo la vacancia absoluta y aquí no ha pasado nada.

Hernán de Jesús Rendón, Vicepresidente del Concejo. Foto: EconoticiaS

Los hoy actuales vicepresidentes de la corporación edilicia señalan no tener ninguna responsabilidad y afirman que es el señor Presidente el ordenador del gasto y sobre quien recae la toma de la decisión sobre el particular.

Luis Fernando Pérez Taba, Vicepresidente del Concejo. Foto: EconoticiaS

Mientras todo esto sucede no conocemos oficialmente un concepto del asesor jurídico del Concejo, preguntamos entonces, si no lo consultan, ¿para qué le pagan? ¿Quién entonces le pondrá el cascabel al gato? ¿Si no hay recursos, que es uno de los argumentos que se esgrimen, por qué no ha adelantado el mismo Concejo el concurso de méritos? ¿Será necesaria otra investigación de la Procuraduría por este enredo de padre y señor mío? Como dijo el ciego," amanecerá y veremos".