Se determina un presunto detrimento por $452.712.046, correspondiente al valor pagado a la interventoría con respecto a las obras de construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR).
2015/ Junio/ EconoticiaS/ Veeduría
Como
dice la canción de don Oscar Agudelo: “Después de una ilusión un desengaño”,
nos ilusionamos todos los campesinos y muchos de sus amigos, incluidos un
importante número de concejales que aprobaron el Acuerdo 03 del 27 de abril de
2010 presentado por el señor alcalde de ese entonces, el ingeniero Rafael Eduardo Palau Salazar, al honorable concejo
para autorizar el empréstito de 10 mil millones de pesos con destinación
específica al Plan Municipal de Aguas,
que supuestamente beneficiaria a las comunidades campesinas de nuestro
municipio.
Se
firmó entonces el convenio 02 de 2010, por medio del cual se delegó la planeación,
ejecución, Interventoría y supervisión de los Proyectos de Saneamiento Básico
Rural, consistentes en la realización de la construcción de Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales —PTAR— y sistemas sépticos individuales,
contemplados en el Acuerdo 03 del 27 de abril de 2010 del Concejo Municipal.
El
proyecto de preinversión, inversión y operación de las obras de infraestructura
del sector agua potable y saneamiento básico contenido en el Plan Municipal de
Aguas, se ejecutó con recursos de Contrato de Empréstito de $10.000 millones
comprometiendo vigencias futuras.
El
Informe Final de Auditoria Modalidad
Especial Ambiental, realizada en el año 2011 y entregado por la contraloría departamental, afirmó que
“En El Plan Municipal de Aguas del Municipio de Tuluá, no se evidenció la implementación
del saneamiento básico rural y los principios rectores de la política ambiental
en lo referente a la protección especial de los nacimientos de agua y las zonas
de recarga de acuíferos, en concordancia con lo dispuesto en el Plan de
ordenamiento territorial municipal y el Plan de Desarrollo municipal; así
mismo, no gestionó en la etapa de planeación los trámites y permisos
ambientales ante la autoridad competente, por cuanto este proceso había sido
delegado a las Empresas Municipales de Tuluá — EMTULUA E.S.P., mediante el
Convenio 02 de 2010.
En
esa mismo informe de auditoría se determinaron diez (10) hallazgos
administrativos, de los cuales cuatro (4) corresponden a presuntos hallazgos
con alcance Fiscal con cuantía de $4.649.745.190 y nueve (9) hallazgos tienen
alcance disciplinario, los cuales fueron trasladados a la autoridad competente.
Aunque en un informe preliminar aparecían algunos hallazgos de tipo penal, en
el informe final no aparecieron sin que nadie haya explicado por qué.
También
en este mismo proceso se determinó como resultado del análisis efectuado a la gestión
de las Empresas Publicas de Tuluá —EMTULUA E.S.P.— en el tema objeto de
auditoria, la deficiente labor de seguimiento y control por parte de la interventoría
y responsable de la supervisión, por cuanto no se realizaron las previsiones
correspondientes tanto en la planeación de la inversión como en el proceso
contractual que evitaran los incumplimientos y la falta de efectividad para llevar
a feliz término el cumplimiento de los objetivos planteados, en consecuencia se
determina un presunto detrimento por $452.712.046, correspondiente al valor
pagado a la interventoría con respecto a las obras de construcción de las
Plantas de tratamiento de aguas residuales.
Con
estos antecedentes y con la evidencia de algunas otras presuntas
irregularidades como la compra de predios a muy elevado costo, e incluso la
compra de algunos que nunca fueron utilizados para tal fin, como tampoco la gestión
en ningunos de los casos de la servidumbre de los predios aledaños para el
ingreso a donde se construyeron las PTAR y, mucho más grave aún, se iniciaron y
construyeron PTAR en terrenos que no eran propiedad ni del municipio ni de
Empresas Municipales.
Pese
a este informe y a las quejas de las distintas comunidades, reportes a los
distintos organismos de control, hoy la situación no ha mejorado absolutamente
en nada y tampoco los órganos de control han determinado responsables de este
detrimento patrimonial que hoy continuamos pagando los tulueños.
De este millonario Plan Municipal de Aguas, solo tres PTAR funcionan de manera
aceptable y sobre el funcionamiento de la mayoría de pozos sépticos hay serios
reparos.
A
tal punto que en visita realizada por el equipo técnico del municipio para
evaluar el respectivo convenio en los meses de marzo y abril de 2015, se encontró
que la PTAR del corregimiento de Puerto Frazadas hay que buscar nuevo terreno
para construirla porque se iniciaron obras en el margen del rio, es decir, esa
platica se perdió; y siguiendo el recorrido, en la PTAR del corregimiento de
San Rafael, pese a que fue una solución proyectada para doce familias, más de
la mitad no se pudieron conectar a la Planta de Tratamiento por estar por
debajo del nivel al que se construyó, siguiendo contaminando el rio
Bugalagrande y requiriendo la construcción de pozos sépticos para las mismas,
tampoco en este caso se gestionó la servidumbre. En el Corregimiento La Marina
las aguas residuales no están siendo tratadas y tampoco se tiene el permiso de
servidumbre. En La Diadema la obra está inconclusa después de cuatro o cinco
años de haber sido contratada, allí solo se construyó una losa y unos gaviones
en concreto, y la antigua Planta de Tratamiento continua vertiendo aguas
residuales generando un problema de salud y derrumbes para las comunidades de
este sector; allí se requiere de la compra de un nuevo predio donde se pueda
conectar el alcantarillado instalado. También fue visitada la PTAR del
corregimiento del Picacho, allí se evidenció que el alcantarillado esta
taponado en la última caja produciendo rebosamiento, humedades y deslizamientos
de tierra, también presenta esta obra problemas de llenado.
El
informe no nos habla de visitas al corregimiento Mateguadua, pero este lo
realizamos en compañía de un veedor y el presidente de la Junta de Acción
Comunal del corregimiento. El panorama desolador no puede ser peor, allí se
construyeron en predios que nos son ni del municipio ni de empresas municipales,
con un simple permiso del director del INCIVA de ese entonces, doctor Jairo
Escobar Fernández, dos obras con una inversión millonaria que hoy, y lo que es más
grave nunca han funcionado, se trata de una PTAP (Planta de Tratamiento de Agua
Potable) y una PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales). Tampoco se
tocó en el informe en lo que se ha visitado hasta ahora el caso del
Corregimiento de La Moralia, donde la PTAR se construyó sobre el lecho del rio
Morales y tampoco funciona, vertiendo las aguas sin tratar al mismo.
Solo
en dos o tres de las PTAR se cuenta con un fontanero pago por la comunidad para
que realice el mantenimiento de las mismas, en algunos casos estas obras no
fueron recibidas por la comunidad por las presuntas irregularidades que a la
vista saltan.
Ni
denuncias campesinas, quejas comunitarias, denuncias periodísticas, derechos de
petición han obtenido una respuesta satisfactoria hasta ahora de los organismos
de control llámense contraloría, procuraduría y fiscalía.
¿Quién
responde? ¿Quiénes son los contratistas? ¿Dónde está el alcalde y gerentes de
Empresas Públicas de Tuluá del entonces? ¿Qué responsabilidad le cabe a la
firma interventora y a la gerencia del Plan Municipal de Aguas en la que se gastaron mil millones de pesos? ¿Dónde han estado los que hoy olímpicamente
dicen que van a ser la salvación de nuestro municipio? ¿De quién son la mayoría
de los diseños de estas obras? ¿Qué pasó con los contratos entregados para las
capacitaciones y organización de las comunidades para la administración de las
PTAR?
Señor
Gerente de las Empresas Municipales de Tuluá, no merecemos los tulueños conocer
la verdad de todo lo que ha pasado con el Plan Municipal de Aguas?
Se
requiere de inmediato la intervención de comisiones especiales de la Contraloría
General de la República, de la Procuraduría General de la Nación y de la Fiscalía
General de la Nación, para que por favor de manera seria y responsable le
informen a los tulueños si es cierto que pese a estas evidencias AQUÍ NO HA PASADO
NADA.
COLOFON: En respuesta a
derecho de petición enviado por el Director de este medio al señor Procurador
Provincial de Guadalajara de Buga, preguntando por el o los procesos disciplinarios
o actuaciones desprendidas de los hallazgos disciplinarios remitidos hace más
de tres años por la contraloría departamental a ese despacho, escuetamente ha
respondido que ese es un proceso que se encuentra en etapa PRELIMINAR y que
solo se puede informar sobre el mismo al formular pliego de cargos, eso sí, si
no se ordena su archivo. Preguntamos respetuosamente desde este medio de comunicación:
¿Cuánto tiempo se tomará ese despacho para siquiera formular pliego de cargos?
¿Será que ante semejante evidencia se ordenará el archivo del o los procesos?
AMANECERÁ Y VEREMOS.
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