2014/
Octubre/ EconoticiaS/ Edición 96/
La
zona rural del municipio de Tuluá, y en particular la media montaña, ha sido
históricamente una zona de colonización. Sus veredas y corregimientos, los
caseríos y caminos veredales, y cada finca o parcela establecida dentro de su
territorio encuentra sus orígenes en los diferentes procesos de colonización
ligados a los periodos de violencia política que han llevado y traído oleadas
de campesinos desplazados desde departamentos como Santander, Boyacá, Tolima o
el Quindío; quienes encontraron en esta región el lugar para recomenzar sus
vidas, convirtiéndola mediante su actividad agrícola y pecuaria en una
importante despensa alimentaria para el centro y norte del departamento.
Pero
este fenómeno de colonización no ha encontrado aún su límite máximo como
consecuencia de la continuidad del conflicto social y armado que azota al país
y del cual el municipio no es ajeno, poniendo en grave riesgo la conservación
de ecosistemas estratégicos para el municipio y dejando así en entredicho la
sostenibilidad del mismo. De este modo, la existencia de áreas protegidas de
carácter nacional y municipal presentes en Tuluá se ven amenazadas por el
fenómeno de la ampliación no planificada de la frontera agropecuaria.
Ahora,
el correlato de la continua colonización y ampliación de la frontera
agropecuaria es también en el municipio, como prueba del círculo vicioso que
envuelve la problemática agraria nacional, la elevada concentración de la
propiedad rural en pocas manos. Así, el área propuesta para la constitución de
la zona de reserva campesina presenta similares porcentajes frente a cantidad
de hectáreas y número de propietarios que presenta uno de los departamentos con
mayor concentración de la propiedad rural en el país como es el Valle del
Cauca, situación que deriva en una fragmentación antieconómica de la propiedad
rural.
Dos
agravantes de este conflictivo escenario frente a la tenencia de la tierra son,
de una parte la desigualdad para establecer los avalúos catastrales, los cuales
son la base para establecer el Impuesto Predial Unificado, que es a su vez la
principal fuente de ingresos para el municipio; y de otra la informalidad que
caracteriza la tenencia de la tierra en minifundios y pequeñas propiedades.
Ambas situaciones generan afectaciones
económicas, tanto al municipio porque deja de percibir importantes ingresos por
cuenta del impuesto predial, como a los campesinos porque no pueden acceder a
los servicios de crédito bancario ni participar en convocatorias para proyectos
productivos, impidiéndose de esta manera la consolidación y desarrollo de la
economía campesina.
Incluso,
en materia socio-económica la situación del campesinado es precaria. Un 84,3%
de los grupos familiares reciben como ingreso menos de un salario mínimo, 90%
de los hogares con jefatura femenina están en esta condición. El 36,2% de la
población sobrevive en condición de pobreza mientras un 11,4% lo hace en
condición de miseria, habiendo carencias en el cumplimiento de derechos
sociales como educación, salud, vivienda, servicios públicos, empleo, deportes
y cultura.
No
obstante, la compleja realidad que afronta el campesinado tulueño frente al
cumplimiento de sus derechos sociales, económicos y políticos, llevada al
extremo con la aplicación de la estrategia paramilitar entre los años 1999 al
2004 que produjo una profunda desestructuración de su tejido social y organizativo,
hoy por hoy las comunidades que habitan el área propuesta para la Zona de
Reserva Campesina han sabido franquear todas estas dificultades, resurgiendo
una y otra vez de los sucesivos embates producidos ya sea por las políticas
agrarias del Estado, ya por los efectos del conflicto armado interno o hasta
por las inclemencias del mismo clima que tampoco se ha compadecido de éstas.
Así,
un factor determinante que augura el bienestar del campesinado en la región es
su capacidad organizativa representada en múltiples asociaciones de
productores, grupos de mujeres, grupos
juveniles, sindicatos campesinos y la existencia de la Coordinación Campesina
del Valle del Cauca que agrupa este conjunto de organizaciones para definir
unificadamente su quehacer concreto sobre situaciones concretas; todo lo cual
les ha permitido tener mayor claridad sobre sus
necesidades y derechos, cualificando
su participación en las instancias que para tal fin existen, como es el caso del
Consejo Municipal de Desarrollo Rural(CMDR) donde por unanimidad fue aprobado
en el 2010 el apoyo al proceso de constitución de la Zona de Reserva Campesina
de Tuluá, proponiéndola como una de las metas del Plan de Desarrollo Municipal.
No
cabe que duda que en la legislación actual del país no existe una mejor herramienta
para combatir todas las desigualdades y problemas que aquejan al campo que la
de la Zona de Reserva Campesina. La implementación de la Zona de Reserva
Campesina en el municipio de Tuluá permitiría generar condiciones para avanzar
en la superación de la pobreza rural a través del reconocimiento de las
organizaciones, el fortalecimiento de su papel en el desarrollo rural y
fundamentalmente por la inversión de recursos del Estado para ejecutar los
programas, planes y proyectos construidos por las comunidades en coordinación
con el Estado.
La
zona de reserva campesina posibilitaría regularizar la ocupación sobre la
tierra, dándole un uso planificado y concertado al suelo e impidiendo la
ampliación de la frontera agrícola. Gracias a esta figura se definirían
espacios para la conservación de los recursos naturales y de este modo se
propiciarían las condiciones requeridas en las cuencas hidrográficas (fruto de
la interacción entre aspectos biológicos, económicos y sociales) para prevenir
los deslizamientos y la disminución de la erosión.
Finalmente,
se mejoraría el acceso del campesinado a los beneficios del Estado, se
ampliaría la base del recaudo fiscal del municipio por
concepto de catastro, y se fortalecería la economía campesina y el
mercado interno de alimentos municipal y regional, tanto por los incentivos a
la producción local como por el desarrollo del proceso organizativo.
Así,
con un efectivo respaldo de las instituciones y la sociedad en general a la
Zona de Reserva Campesina de Tuluá, se estaría sembrando una semilla de paz con
justicia social que en condiciones adecuadas será garantía para erradicar la
violencia y cimentar el progreso social, económico y político del municipio.
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