2014/ Febrero 15/ Revista Semana/ Judicial/ SEMANA revela audios que evidencian una impresionante red de
corrupción entre los militares.
Tomado de
la REVISTA SEMANA. ¡ATENCIÓN!
SEMANA
obtuvo cientos de horas de grabación que reposan en la Comisión de Acusaciones
del Congreso y que contienen comprometedoras conversaciones que salpican a
algunos generales del Ejército y a varios tenientes coroneles y coroneles. En
las conversaciones, que se desarrollan en los años 2012 y 2013, se hacen
referencias explícitas a la asignación de millonarios contratos de diferentes
unidades militares donde se habla de mordidas de hasta el 50 por ciento.
En los
audios queda claro que son muchos los contratos amañados y asignados ‘a dedo’.
También hay evidencia de que se obtienen mediante el uso de información
privilegiada que permitiría conocer de antemano pliegos de licitaciones, como
el plan de compras de varias unidades del Ejército. En todos los contratos que
aparecen en las grabaciones, el común denominador son millonarias ‘tajadas’ que
se reparten en varias manos. Algunos de los beneficiados de esos contratos –que
serían avalados por algunos generales– son altos oficiales, condenados y
sindicados por los llamados falsos positivos, que están recluidos en el Centro
de Reclusión Militar (CRM) de la PM 13.
Uno de
los protagonistas a través del cual se empezó a desenredar esta red de corrupción
es el coronel Róbinson González del Río, quien se hizo tristemente célebre el
año pasado cuando Noticias Uno reveló unas conversaciones que no lo dejaban
bien parado, entre él y el destituido magistrado de la Judicatura, Henry
Villarraga.
En los
audios obtenidos por SEMANA, el coronel González se encarga de cuadrar los
contratos con generales y coroneles y organiza los pagos a los subalternos
presos por falsos positivos con el fin de mantener su silencio. Las
conversaciones demostrarían que parte del dinero de los contratos se queda en
manos de algunos altos oficiales, otra va a parar a los bolsillos de coronel
González del Río y otros detenidos de diferente rango. No menos sorprendentes
resultan algunas conversaciones en donde, desde la prisión militar colombiana,
se habla de realizar negocios con generales del Ministerio de Defensa de
Ecuador o contratistas venezolanos con fines non sanctos.
La red de
corrupción no se limita a los grandes contratos. También les saca grandes
comisiones a los dineros que el Ejército les gira a las guarniciones militares
para su funcionamiento. Con el aval de los comandantes de unas diez unidades,
una gran parte del presupuesto para la gasolina de los vehículos militares se
desvía, e incluso se consigna en las cuentas personales de varios oficiales
presos. Tiquetes aéreos destinados para el uso del personal militar en varios
batallones también son desviados para que sean utilizados por los abogados de
los detenidos por falsos positivos. En las grabaciones se muestra cómo hasta
los vehículos oficiales del Gaula militar y el alojamiento en casinos e
instalaciones militares para los defensores de los detenidos se utilizan de
manera irregular.
En 2011 y
2013 SEMANA denunció los privilegios con los que contaban algunos de los
detenidos por los llamados falsos positivos en la cárcel de Tolemaida y la PM
13. En las dos oportunidades los militares anunciaron investigaciones,
sanciones y correctivos. En estos audios, queda claro que las prebendas
siguieron y las irregularidades llegan a niveles escandalosos.
Pese a
estar sindicado por el presunto homicidio de dos campesinos que presentó como
guerrilleros dados de baja en combate, el coronel González era uno de los ejes
del tinglado. Además de ser una de las piezas clave de esta red, contaba con
dos soldados activos que estaban a su disposición y la de su familia las 24
horas del día. Contaba también con vehículos oficiales para sus traslados en
Bogotá y fuera de la capital a pesar de estar detenido. El tema era tan
descarado, que el coronel tenía el visto bueno de los directores del penal, ya
que, como consta en los audios, se encontraba permanentemente por fuera de la
cárcel. O estaba en su casa, o en diligencias personales, o averiguando un
penthouse para comprar, o incluso se dio el lujo de salir de la cárcel en carro
oficial con toda su familia a pasar tres semanas de ‘vacaciones’ en diciembre
de 2012.
Estar
detenido y sindicado de un grave crimen tampoco fue un impedimento para
conversar con uno de sus subalternos que le ofrece fusiles para vender o
tramitar la compra de pistolas. Lo que no deja de sorprender es que generales,
comenzando por el actual comandante general de las Fuerzas Militares, Leonardo
Barrero, conversan amistosamente por teléfono con el detenido coronel González
del Río. No son pocos los favores que estos y otros altos oficiales le hicieron
al sindicado coronel. Incluso el general Barrero en tono afectuoso le
recomienda “no dejarse joder de esos hp fiscales (que lo investigan) y armarse
como una mafia para denunciarlos (con los demás presos).
Las
conversaciones del coronel González tienen implicaciones y alcances
insospechados. El coronel menciona como intermediarios y ‘padrinos’ a casi una
docena de generales. Si bien algunos podrían argumentar que se trata de un
avivato que utiliza el nombre de sus superiores para conseguir contratos o
favores, la naturaleza de las conversaciones, los contactos que tiene al más
alto nivel, y el hecho de que varios contratos aparentemente sí habrían contado
con el aval de generales muestran que este episodio puede ser toda una caja de
Pandora. No menos comprometedora es la situación de un numeroso grupo de
tenientes coroneles y coroneles que conscientemente se prestan para saquear las
arcas de sus batallones y unidades, como queda consignado en las grabaciones.
Lo más
inquietante es quizá que lo que hace González, y está documentado en horas de
grabaciones, no es un caso aislado. El suyo es la muestra de una práctica mucho
más generalizada, que involucraría a otros altos mandos presos detenidos en
cárceles militares, principalmente la PM 13, pero que termina con
ramificaciones que se extienden a altos oficiales del Ejército. El asunto no es
desconocido, pues algunas de las investigaciones por casos de corrupción no han
avanzado en la Inspección del Ejército. Otros casos están en expedientes de los
organismos de control, como la Contraloría y la Procuraduría.
Estas
grabaciones, más allá de la gravedad y el alcance e su contenido, dejan varios
temas sobre el tapete. Lo primero es que una cosa son los actos de corrupción
de un grupo de personas y otra muy distinta el respeto a la institución
militar. Lo que queda claro con la revelación de estos audios es que los
primeros damnificados por estos hechos
irregulares son los soldados
rasos, sus subsidios, sus viáticos, sus equipos de campaña, la gasolina de sus
vehículos, los repuestos de los helicópteros –y la seguridad aérea de los
mismos–. Así mismo, cientos de miles de soldados y la imagen de un Ejército que
ha librado batallas históricas en favor de los colombianos.
Lo
segundo es que la mejor manera de fortalecer la credibilidad y legitimidad de
la institución del Ejército es castigar drásticamente los abusos y la
corrupción. Con el creciente aumento del presupuesto de defensa es esencial que
se redoblen los controles y la transparencia en su ejecución. La sociedad
necesita de estar tranquila que sus impuestos se están invirtiendo
correctamente en modernizar y profesionalizar sus Fuerzas Militares. Por esta
razón es esencial que las investigaciones lleguen hasta las últimas
consecuencias para determinar quiénes están involucrados en esta sofisticada
red de corrupción y qué tan sistémica es en el interior del Ejército.
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