2014/ Febrero 15/ EconoticiaS/ Libertad
de Prensa/ Por: Alexander Escobar/
Cifras alarmantes fueron presentadas
en el informe Protestas: Sin garantías para cubrir, realizado por la Fundación para la
Libertad de Prensa, (FLIP), y donde se reportan “123
agresiones directas contra la prensa, que dejaron un total de 193 víctimas”
durante el 2013.
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| Agosto 19 de 2013: Periodistas de REMAP detenidas en patrulla de la Policía |
Entre los hechos más graves se
detalla los asesinatos de los periodistas Edison Molina en el municipio de
Puerto Berrío (Antioquia), y el de José Darío Arenas en Caicedonía (Valle del
Cauca), ambos casos asociados a retaliaciones por sus denuncias que involucran
a funcionarios públicos en casos de corrupción.
Denunciar hechos de este tipo es uno
de los peligros que debe enfrentar el periodismo investigativo en Colombia.
Entre los muchos casos, en el centro del Valle del Cauca, en Tuluá, podemos
citar el del Director de EconoticiaS Norbey Palacio Bolívar, quien el año
pasado debió afrontar amenazas de muerte contra su vida. Sus denuncias llevaron
a la destitución de la Personera del municipio, y por el mismo caso actualmente
se investiga a 17 concejales que la eligieron.
Cubriendo las protestas sociales
El informe de la FLIP centra atención especial en los meses de junio, julio y
agosto, al reportar durante un periodo de 75 días, “44 agresiones contra periodistas que se encontraban cubriendo las
protestas sociales que vivió el país”, donde el hecho de mayor gravedad está
reflejado en que el 75% de las agresiones involucran a organismos de seguridad
del Estado colombiano, con una cifra de 33 periodistas víctimas de las acciones
emprendidas por la Fuerza Pública contra la Libertad de Prensa y los Derechos
Humanos.
La FLIP también detalla los hechos ocurridos en el Valle del
Cauca, que incluyen el hurto de equipos, agresión y detención de seis periodistas de la Red de Medios
Alternativos y Populares (REMAP), quienes el 19 de agosto se encontraban cubriendo las protestas del Paro
Agrario y Popular en el corregimiento de Chambimbal en el municipio de Buga.
Frente a lo sucedido, ningún miembro
de la Fuerza Pública ha sido sancionado por sus acciones contra la libertad de
prensa y los derechos humanos en el Valle del Cauca, y tampoco devolvieron los
equipos hurtados a REMAP, constituyendo la impunidad un referente que recorre no solo el
departamento del Valle, sino también el resto del país en la mayoría de casos.
La impunidad afianza políticas de Estado
La ausencia de sanciones constituye una
forma de actuar de la política colombiana. La impunidad frente a las agresiones
cometidas por la Fuerza Pública contra la Libertad de Prensa tiene un trasfondo
que va más allá de cualquier hecho aislado. Su análisis involucra la forma en
que un Gobierno sostiene o crea una imagen diferente a la condición real de un
país. En este sentido, los periodistas víctimas de la Fuerza Pública durante
los meses de junio, julio y agosto, reportados por la FLIP, fueron agredidos con el consentimiento de un Gobierno
que en la forma rechaza los hechos ante las cámaras y micrófonos, pero que en
el fondo los avala con la impunidad para que sigan sucediendo.
El ataque a los periodistas serios
del país es una política de Estado, que incluso ha invertido miles de millones
de pesos en inteligencia militar para realizarles seguimientos e intervenir sus
comunicaciones, todo porque ocultar la realidad del país lo requiere. Noticias
sobre corrupción, políticas que fomentan la iniquidad, violaciones a los
Derechos Humanos, y demás información que evidencie la situación real del país,
debe desaparecer junto con los periodistas que la exponen.
La guerra contra el periodismo
alternativo e independiente está declarada. Pero los periodistas serios del
país resisten y logran que el pueblo se llene de indignación, de sensatez, cada
vez que un Presidente quiera hacernos creer que “el tal paro nacional agrario no
existe”.
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